Por Jorge Raúl Suárez Campero
En contra de los pronósticos más reservados, Park Geun-hye ha dejado, momentáneamente, la presidencia de la República de Corea. Hace poco más de una semana, tras su anuncio de una renuncia condicionada a la decisión de la Asamblea Nacional, se creía lejana la posibilidad de desplazarla de su cargo. Muchos argumentaban que era una maniobra política que le permitiría ganar tiempo; sin embargo, el descontento social manifestado en protestas populares cada vez más nutridas y la voluntad de los partidos de oposición en seguir adelante con el proceso de juicio político (impeachment), tienen a Park en el filo de la navaja.
Park Geun-hye tuvo un cierre de año catastrófico. Además de una economía poco dinámica cuyas exportaciones (uno de los principales motores del desarrollo surcoreano) han decrecido, Park enfrentó el escándalo político más grande de las últimas décadas en Corea del Sur. Desde finales de octubre, notas periodísticas señalaron su estrecha relación con Choi Soon-sil (hija de un ministro de culto en Corea del Sur, el cual fue amigo cercano de Park Chung-hee, el padre de la presidenta). Las primeras indagatorias apuntaban que Choi escribía discursos para la Presidenta (sin ser parte de su staff o ser funcionaria pública) y tenía acceso a información confidencial de Estado. El asunto siguió la trayectoria de una bola de nieve; conforme se escarbaba más, se descubrían más actores involucrados (políticos, empresas y empresarios) en delitos graves, sobre todo corrupción, desvío de fondos, fraude, tráfico de influencias y extorsión.
En pocas palabras, a Choi Soon-sil se le acusa de haber consolidado dos organizaciones dedicadas a la promoción de cultura y deporte, bajo las cuales extraía fondos públicos y privados (no bajo maneras honestas) para el beneficio propio y de su familia, especialmente su hija. Esto se sospecha que lo logró mediante el tráfico de influencias, ya que aprovechó su relación cercana con la Presidenta para obtener esas concesiones. No se sabe hasta qué punto colaboró la Presidenta en este supuesto hecho, es uno de los asuntos que los procesos judiciales deben resolver. Park no es la única involucrada, sino muchos ahora ex miembros de su gabinete.
Ante el descontento inicial, Park intentó apaciguar el clamor disculpándose y renovando en una gran parte su gabinete y staff político. Esta medida no fue efectiva a su causa, reiteró sus disculpas, aclaró que estaría de acuerdo que se le investigara y propuso delegar la mayor parte de sus responsabilidades a su nuevo primer ministro. Estas decisiones enfurecían cada vez más a la población que exigían su pronta renuncia y enjuiciamiento. La oposición no aprobó a su primer ministro y la puso contra la pared. En un tercer mensaje ofreció una renuncia condicionada a la decisión (de los tiempos y las formas) de la Asamblea Nacional. Park sabía que los tres partidos de oposición, a pesar de contar con la mayoría, no tenían los escaños suficientes para desplazarla, con lo cual ganaría tiempo. Lejos de desmotivar o apaciguar el descontento y las protestas, las incrementó.
La última mega protesta fue el sábado pasado donde se congregaron aproximadamente 1.7 millones de personas en Seúl y cerca de 2.3 millones en todo el país. El mensaje fue claro, el pueblo no aceptaba las medidas tibias de la Presidenta y exigía su completa renuncia. Este viernes, hora Seúl, se votó el impeachment o juicio político en la Asamblea Nacional. A pesar que la oposición necesitaba más votos de los escaños que posee, el resultado fue favorable a las demandas populares: 234 a favor, 56 en contra y 9 abstenciones..
De acuerdo al artículo 84 de la Constitución de la República de Corea, el Presidente no puede ser juzgado salvo por insurrección o traición. El artículo 65 dicta que si éste (o algún otro funcionario) violó la Constitución o algún otro ordenamiento jurídico en el cumplimiento de su función debe de ser sometido a juicio político o impeachment. La moción de juicio político debe ser aprobado por dos tercios de la Asamblea, en el caso de la actual legislatura de Corea del Sur se tratan de 200 de los 300 votos.
¿Esto quiere decir que Park a partir de este viernes deja de ser presidenta? No completamente. Este juicio político debe de ser aprobado por el Tribunal Constitucional, el cual va a determinar la legitimidad de la moción (que procedan las acusaciones, que éstas se sustenten en hechos y que violen la Constitución o los ordenamientos jurídicos). La corte cuenta con máximo 180 días para deliberar. Si la corte declara que el juicio procede, Park tendrá que dejar su cargo y enfrentar el proceso judicial, el cual estará en competencia de determinar la culpabilidad o no de Park; si es rechazado, volverá a ejercer sus funciones. En pocas palabras, sus deberes están suspendidos hasta la resolución de la corte, la que la puede inhabilitar completamente o restituirle el cargo. Como lo indica la Constitución, en este periodo, el encargado de asumir las funciones de la presidenta es el primer ministro, Hwang Kyo-ahn.
La experiencia histórica nos muestra que es la segunda vez que un Presidente es procesado por juicio político. El anterior había sido Roh Moo-hyun al que acusaron, en 2004, de violar la ley electoral. Después de 63 días y, tras el respaldo popular al presidente demostrado en las votaciones parlamentarias, la Corte falló a favor del presidente y lo restituyó en el cargo.
La coyuntura para Park es diferente. Ella cuenta con apenas el 4 por ciento de aprobación (el más bajo en la historia desde que se hace esta estadística), por lo que se duda que haya un respaldo popular que apoye su restitución.
Sólo le resta poco más de un año de gobierno; razón de esto, su capacidad política decrece por el ciclo presidencial y su partido, Senuri, la deja de respaldar: varios legisladores del Senuri votaron a favor del impeachment, más preocupados de mantener la Presidencia en las elecciones del año próximo que en mantener una figura bastante deteriorada e impopular; varios abandonan el barco que visiblemente se hunde.
Se debe resaltar el activismo político que ha ejercido la sociedad surcoreana; su voluntad y participación es digna de asombro, misma que, en opinión del autor, no debe decrecer y debe dar seguimiento al proceso. Como analistas y espectadores no queda más que esperar el fallo de la Corte Constitucional, para saber qué es lo que deparará en los avatares de la política surcoreana.
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